A tres años de Pasta de Conchos...

Mientras el presidente de chocolate Felipe Calderón habla y habla a favor del ejército y de cómo todos los que no quieran a tan prestigiosa institución pueden llamarse cobardes porque lo importante es pelear contra los delincuentes; ampara y cobija a delincuentes tan siniestros como la gente del GRUPO MÉXICO......
Va una nota de la jornada de las actividades del día de ayer sobre Pasta de Conchos.

emioFoto Cristina Rodríguez
Patricia Muñoz Ríos


El gobierno del presidente Felipe Calderón ha protegido y favorecido a los dueños de Grupo México por encima del dolor de las viudas y deudos de los 65 mineros muertos hace tres años en Pasta de Conchos, Coahuila; no ha querido recibir ni escuchar a los familiares y les ha negado todos sus derechos, hasta el más elemental: el de tener "los cuerpos de sus muertos para darles sepultura".

Así lo denunciaron diversas organizaciones que se reunieron ayer en foros, misas y marchas para recordar el tercer aniversario de la tragedia ocurrida el 19 de febrero de 2006; señalaron la responsabilidad de Grupo México en este homicidio y denunciaron que es la "complicidad y contubernio" de las autoridades laborales del país con los dueños de esa compañía lo que ha evitado que se haga justicia a los deudos.

Ni nos ven ni nos oyen

En el foro organizado por el sindicato minero, una de las viudas, Rosa María Mejía, señaló que este gobierno tampoco las ha querido oír ni ver, y dijo: "Felipe Calderón está más frío que las galerías y diagonales de la mina en que yacen abandonados los cuerpos de nuestros seres queridos".

En el acto, al que asistieron mineros de todo el país, líderes sindicales, abogados, familiares de los fallecidos y diputados, el mensaje central lo dio el secretario general del gremio, Napoleón Gómez Urrutia, en una videoconferencia, donde propuso presentar una iniciativa de ley que sancione los "homicidios industriales". Convocó a todas organizaciones a estructurar y proponer una legislación que penalice la "inseguridad" laboral en las actividades industriales y económicas del país.

Los abogados Arturo Alcalde y Carlos de Buen hicieron ver como el Estado lejos de defender a los trabajadores y a sus familias, se ha dedicado a perseguirlos; hicieron un recuento de todas las acciones emprendidas durante el pasado y presente gobiernos para acabar con el sindicato minero. A su vez, Benito Bahena Lomé, secretario general de la Alianza de Traviarios, dijo que es "vergonzoso" el cobijo del gobierno en turno a empresarios como Germán Larrea.

Al mediodía, afuera de la sede de Grupo México en esta ciudad, el grupo llamado Familia Pasta de Conchos, apoyado por organizaciones pastorales y de derechos humanos, realizó una misa por los 65 mineros muertos hace tres años, la cual fue oficiada por el obispo de Saltillo, Raúl Vera. El prelado señaló que las autoridades "sinvergüenzas" del país no han hecho nada por rescatar los cuerpos, y sostuvo que ocho órdenes religiosas pidieron ya a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que haga un pronunciamiento al gobierno de este país para que se haga justicia a los deudos y se lleve a cabo el rescate de los restos.

Incluso durante la eucaristía, el abogado Manuel Fuentes informó que la juez primera de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, Silvia Cerón Fernández, emitió una sentencia en contra de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía y la instruye para que suspenda la concesión de esta mina que explota Grupo México.

Al filo de las 16 horas, esta organización de familiares de los mineros, acompañadas de organizaciones como la Pastoral Laboral, y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, entre otras; marcharon del Monumento a la Revolución al Zócalo, en cuya plancha presentaron el tercer informe elaborado por el Equipo Nacional de Pastoral Laboral titulado El vacío en el estado de derecho, y el Estado vacío de derecho, que señala que la empresa Industrial Minera México violó el "derecho a la vida y a la salud de los trabajadores", así como los derechos de los deudos a enterrar a sus familiares, de acuerdo con sus usos y costumbres; y señala que la Secretaría del Trabajo "manipuló" las conclusiones del dictamen emitido por el Foro Científico y Tecnológico, violentando los derechos de los deudos para encubrir a la empresa y a sus funcionarios.

Estas organizaciones demandaron que la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo asuma su responsabilidad por haber perdido los recursos jurídicos frente a Industrial Minera México, a fin de que viudas y huérfanos reciban la pensión debida; que la procuraduría de Coahuila declare nulo todo lo actuado hasta que no haya constancia de la existencia de los cadáveres de las víctimas; que la Procuraduría General de la República integre la averiguación previa correspondiente y admita la coadyuvancia de las familias para aportar pruebas.
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México: En Tela de Juicio. Pasta de Conchos: tres años exigiendo rescate
Manuel Fuentes Muñiz
(CIMAC NOTICIAS:


Han pasado tres años de aquella explosión en la mina 8 de Pasta Conchos en Sabinas, Coahuila, que cegó la vida de 65 mineros, y los reclamos de sus familiares para la entrega de sus restos se mantiene contra viento y marea.

Han sido 1095 días de manifestaciones, reclamos ante diversas autoridades, denuncias penales, quejas ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), amparos contra la Secretarías del Trabajo, Economía, Gobernación y ante la PGR; quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), denuncias internacionales, formación de comisiones por diputadas y diputados federales y locales y hasta puntos de acuerdo de la Cámara de Diputados suscritas por todas las corrientes políticas.

Las familias han acudido ante Contralores internos de diversas dependencias públicas, jueces de Distrito, magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito, Ministros de la Corte. Han tenido que recorrer varias veces, ida y vuelta, la carretera de Nueva Rosita Coahuila a la Ciudad de México en
búsqueda de una respuesta positiva.

Aunque han encontrado la cerrazón de la mayoría de los funcionarios visitados, han recibido en cambio la solidaridad de miles de ciudadanas y ciudadanos de todas las condiciones sociales, preferencias políticas y creencias religiosas o sin ellas; este apoyo ha logrado que las voces de las
viudas, huérfanos, madres y padres, hermanas y hermanos y trabajadores de la región carbonífera hayan sido escuchadas, incluso más allá de nuestras fronteras.

Las autoridades federales conjuntamente con la empresa Industrial Minera México (IMMSA) se han encargado de propalar por los cuatro vientos que el rescate es imposible, que de ninguna manera es conveniente acercarse a la mina por su peligrosidad.

Sin embargo, estudios técnicos de especialistas en minería han demostrado ante esas autoridades federales que las condiciones que guarda la mina de Pasta de Conchos son reversibles. Las mentiras de supuestos especialistas que han solapado las versiones de la empresa han quedado evidenciadas.

Las autoridades han evadido dar respuesta a las familias negando reconocerles el derecho a reclamar. Se les ha reiterado que carecen de “interés jurídico” para solicitar el rescate de los restos de sus familiares muertos, para pedir se castigue a los responsables, para solicitar la cancelación de la concesión minera de IMMSA, hasta para solicitar copia de expedientes.

Para el sistema judicial los familiares de los mineros atrapados simplemente no existen. Se les trata como fantasmas en este orden legal inventado para simular justicia y propiciar impunidad.

Hasta sus derechos más elementales, como otorgarles una pensión por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se les ha regateado: los tratan como si les hicieran un favor. He presenciado la exigencia de funcionarios menores para que entreguen el “acta de defunción” de sus
familiares mineros.

Les dicen a las familias: “Se necesita que tu abogado esté presente”. “Tienes que firmar un convenio pero no aquí en Nueva Rosita porque no hay funcionarios laborales federales. Tienes que acudir a Saltillo, Coahuila, para que validemos tu pago”.

Algunas viudas han tenido que recorrer cerca de 300 kilómetros para llegar a la capital de Coahuila y se han encontrado con engaños de funcionarios del IMSS al mencionarles que tampoco es posible hacer el convenio en Saltillo.
Muchas vueltas y retrasos de funcionarios a un derecho que es irrefutable

La Secretaría del Trabajo federal se ufanó al hacer creer a las viudas de los mineros que lograría se les pagaran las pensiones sobre la base de $300 diarios. Se elaboraron boletines de prensa mencionando que a través de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) se lograría hacer justicia a las familias de Pasta de Conchos. Pero todo fue un engaño.

Al final la base del pago quedó en 80 pesos diarios en promedio y de acuerdo con la ley del IMSS, con ese monto las viudas reciben o deben recibir 22 pesos con 40 centavos diarios. Ese es el tamaño del compromiso gubernamental para asegurar una manutención de miseria a las familias víctimas de la negligencia por parte de IMMSA y la Secretaría del Trabajo.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) nunca hizo el reclamo de las diferencias salariales que percibían los mineros muertos.
IMMSA y su contratista General de Hulla pagaba a sus trabajadores cantidades que no declaraba ante el IMSS y que ahora afectan las pensiones de las familias de Pasta de Conchos.

Este fraude contra las viudas y sus hijos hasta la fecha ha quedado impune por la complacencia del Director del IMSS, porque este funcionario es el único autorizado legalmente para iniciar acción penal contra esas empresas mineras. El Artículo 305 de la Ley del Seguro Social es una muralla legal
que evita se enjuicie a los defraudadores de cotizaciones, salvo cuando así lo disponen los intereses del IMSS.

Hay familias que han decidido con sus propios medios realizar el rescate.
Las autoridades, a pesar de tener conocimiento de estos hechos, han mostrado un descarado disimulo. Las evidencias de la posibilidad del rescate se han mostrado de diversas formas sin que el gobierno federal asuma su responsabilidad.

Es evidente la negativa gubernamental de emprender el rescate de los restos de los 63 mineros atrapados por las evidencias de la negligencia empresarial y la responsabilidad de la autoridad laboral de no llevar inspecciones periódicas eficaces con sanciones oportunas.

Pero es innegable que el derecho a recibir los restos de los mineros muertos en ese socavón no puede seguirse prolongando. La demanda de las familias no será neutralizada a pesar de los grandes intereses que se pretenden proteger.

* Abogado, especialista en temas de justicia, profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana. Integrante del Consejo Directivo de Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC).
manfuentesm@yahoo.com.mX


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